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El oficialismo no tiene quórum propio en Diputados para habilitar el tratamiento del proyecto de expropiación de Vicentín

No es el caso de lo que sucede en el Senado.
El oficialismo no tiene quórum propio en Diputados para habilitar el tratamiento del proyecto de expropiación de Vicentín

Ante una jugada que dividió aguas, Alberto Fernández anunció la firma de un decreto para intervenir la compañía Vicentín SAIC, además de presentar en el Congreso un proyecto de expropiación.

El decreto establece que la compañía sería intervenida por un plazo de 60 días y designa a Gabriel Delgado y Luciano Zarich como interventor y subinterventor, respectivamente, quienes tendrán a su cargo las facultades que el Estatuto de la compañía confiere a su directorio y presidente.

Ese decreto, que fue publicado hoy martes, deberá ser analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso que preside el diputado santafesino Marcos Cleri, donde el oficialismo cuenta con dos votos de diferencia a su favor.

Luego, el decreto será tratado en el Senado, donde el oficialismo no sólo tiene garantizado el quórum, sino también la aprobación de la iniciativa, ya que cuenta con 41 votos propios (se aprueba por mayoría simple y con el aval de una de las dos cámaras), con posibilidad de ampliarse un poco más si se toman en cuenta eventuales aliados.

Por otro lado, el proyecto de ley que ingresará a la Cámara Alta busca declarar a Vicentín de utilidad pública –para lo que debe fundamentar el porqué de dicha utilidad– y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro.

Sobre la suma que deberían abonar a fin de cumplirse el proceso expropiatorio, el articulado del proyecto borrador –que aún no ingresó oficialmente– dice que esta sería saldada con la deuda que Vicentín registre ante el Banco de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Además, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a contraer en el mercado local o internacional, “empréstitos y/o emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondiente al proceso expropiatorio, si los hubiere”.

No es casual que ayer, durante el anuncio, estuviera presente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FDT-Mendoza), mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Cámara Alta, y quien fuera el alma mater del proyecto.

Trabajadores de las empresas del grupo Vicentín y vecinos de las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda se movilizaron para manifestar su rechazo a la intervención instrumentada por el gobierno kirchnerista. La protesta se difundió en redes con el hashtag #cuidemoslonuestro

Sagasti es una senadora muy influyente dentro de los senadores del bloque oficialista, además de ocupar una presidencia clave: la Comisión de Acuerdos, donde se aprueban todos los pliegos de los jueces, entre ellos el que nomina a Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

El proyecto seguramente será girado a más de una comisión. Si tomamos en cuenta la expropiación de YPF, que pasó por las comisiones de Energía y Combustibles, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, la expropiación de Vicentín podría seguir similar ruta: la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside Adolfo Rodríguez Saa (FDT-San Luis), Asuntos Constitucionales con Marilin Sacnun (FDT-Santa Fe) a la cabeza y Presupuesto y Hacienda que comanda Carlos Caserio (FDT-Córdoba). Es decir: el tratamiento en comisión y quiénes están a cargo terminan de definir su fácil debate y dictamen.

Con la media sanción casi asegurada en el Senado, luego llega la réplica del tratamiento en Diputados. El recorrido en comisiones sería bastante similar: Agricultura y Ganadería a cargo del camporista José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes), Asuntos Constitucionales, que preside el ultra kirchnerista Pablo González (FDT-Santa Cruz), terminando con Presupuesto y Hacienda, en manos de Carlos Heller (FDT-Caba). Otra vez, el oficialismo podrá manejar fácilmente el debate en comisión (posiblemente en un tratamiento conjunto del proyecto, en reunión plenaria), donde el oficialismo también es mayoría, aunque con menor diferencia con la oposición respecto de la situación presente en el Senado.

En la Cámara Baja, el Frente de Todos cuenta con 119 diputados propios. Para que se habilite el debate de la expropiación –teniendo en consideración que el interbloque de Juntos por el Cambio se opondría–, hacen falta 129 diputados presentes.

Es decir, el oficialismo necesita diez aliados más para asegurarse el quórum que habilite el debate y logre alzarse con la votación mayoritaria. Para eso, los interbloques Federal (el Lavagnismo con 11 diputados) y de Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) serán claves para alcanzar la ocupación de esas diez bancas.

El bloque de Unidad Federal, que comanda José Luis Ramón (Mendoza) estaría adentro, más aún si contemplamos que el diputado Pablo Ansaloni (Buenos Aires) responde a Ramón Ayala, titular de Uatre, quien se expidió a favor de la medida anunciada por el gobierno.

Mientras tanto, en este tipo de proyectos de expropiación, el oficialismo se estaría asegurando los dos votos de la izquierda, que también ayudan a garantizar el quórum.

Por último, el interbloque Federal, que lidera Eduardo “Bali” Bucca (Buenos Aires), podría votar dividido, pero algún voto le garantizarían al oficialismo, permitiéndoles así, llegar a los 129 escaños que habilitarían el inicio de la discusión del proyecto en el recinto y su posterior aprobación por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.

Florencia Ricchiuti. Fundación Barbechando

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