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¿Dónde están los gobernadores de las provincias agropecuarias para recordar que el valor de la soja supera los 20.000 $/tonelada?

A propósito de los beneficios concedidos a sector petrolero.
¿Dónde están los gobernadores de las provincias agropecuarias para recordar que el valor de la soja supera los 20.000 $/tonelada?

Si el gobierno de Alberto Fernández aplicase el mismo criterio para el sector agrícola que para el petrolero, el valor actual de la soja disponible Rosario sería de 20.100 $/tonelada (310 u$s/tonelada). Y no los actuales 14.800 $/tonelada.

Los mayores perjudicados de tal extracción son las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, donde se concentra el 85% de la producción argentina de la oleaginosa.

Los gobernadores de Neuquén y Chubut –las dos principales provincias argentinas productoras de petróleo– tienen naturalizada la función de defender los intereses del sector hidrocarburífero. Pero no es el caso de los administradores de las jurisdicciones de la zona pampeana, quienes consideran, aparentemente, que lo natural es la extracción constante de recursos de sus propios territorios por parte del gobierno nacional.

El problema es que los recursos extraídos, lejos de regresar transformados en servicios –como un Tratado de Libre Comercio con una gran nación importadora de alimentos o un marco normativo que promueva la generación de bioenergías–, se emplean para alimentar un aparato burocrático bulímico que exige crecientes recursos para saciar su apetito.

El hecho de que el sector agrícola pueda seguir trabajando a pesar de los constantes obstáculos tributarios y normativos, no implica necesariamente la ausencia de daños, dado que las dificultades presentes potencian el proceso de concentración necesario para poder diluir costos, lo que implica que los más débiles van quedando fuera de juego.

Tal política concentradora embiste contra el concepto de “arraigo rural”, el cual constituye no solamente un activo social de carácter federal, sino fundamentalmente una decisión soberana para garantizar la plena ocupación de territorio.

Pero las cientos de miles de Pymes agropecuarias no parecen estar en la agenda del gobierno nacional como sí lo están las grandes corporaciones petroleras y mineras. Sin embargo, eso no es lo más extraño. Lo verdaderamente insólito es el silencio de los supuestos representantes políticos de las provincias afectadas por el ejercicio constante del derecho de pernada.

La completa liberación del precio de la soja no tendría impacto alguno en la “mesa de los argentinos” porque se trata de un producto que se exporta casi en su totalidad. Pero los subsidios al sector petrolero –financiados con emisión monetaria– van directo a potenciar la suba del precio de los alimentos básicos.

¿Dónde están los gobernadores de las provincias argentinas de base agropecuaria para denunciar esto? O acaso deberíamos decir virreyes del poder central.

Ezequiel Tambornini

¿Para qué emplea el gobierno nacional los recursos extraídos a las provincias? En el Boletín Oficial de hoy miércoles 20 de mayo se designaron los cargos de directora de Articulación Territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, directora de Capacitación del Sector Público en Género y Diversidad, directora de Campañas Culturales para la Igualdad de Géneros y directora de Refugios y Hogares de Protección Integral del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
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