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Vamos a pagar con creces el costo de trabajar en un sector productivo sin representación gremial profesional

El agro es el sector más perjudicado con las nuevas medidas.
Vamos a pagar con creces el costo de trabajar en un sector productivo sin representación gremial profesional

Anoche, después de interminables horas de debate, se aprobó la ley de “Emergencia Pública”, con el finalmente anunciado aumento de los derechos a las exportaciones: un impuesto confiscatorio, distorsivo y anticonstitucional.

Dentro del grupo de ganadores, si podemos llamarlos así, podemos encontrar a la actividad minera, cuyo poder de lobby triunfó al lograr salir un poco más airosa entre el grupo de los afectados.

El preconcepto del campo como poseedor de “rentas extraordinarias” y el desconocimiento del sector agropecuario –tan profundo que duele– no permite medir el daño que provocará la ley de “Emergencia Pública”, con productores que van a quedar reducidos a su mínima expresión y otros que directamente quedarán fuera del sistema. Esa realidad, lamentablemente, no llega al público general porque muchos de nuestros representantes gremiales están más interesados en obtener un cargo público o un beneficio particular y discrecional que en comunicar el drama que estamos viviendo las empresarias y empresarios agropecuarios.

Quiero recordarles que el grupo Vicentín, uno de los más importantes en el ámbito agroindustrial argentino, se encuentra en cesación de pagos y a un paso –por las señales que viene dando– de aplicar una reestructuración de su deuda, buena parte de la cual corresponde a acreencias de productores que entregaron mercadería “a fijar”. ¿Ese solo dato no basta para comprender que el agro está lejísimos de tener una “renta extraordinaria?

El presidente Alberto Fernández, un hábil político, tomó la posta, no dejando que los ánimos se caldeen y salió al cruce con la promesa de derechos segmentados y compensaciones a pequeños productores y cooperativas, los cuales se aplicarían de manera discrecional, beneficiando más, seguramente, a aquellos que puedan demostrar una mejor actitud “carnera”.

¿Acaso las retenciones segmentadas no eran la idea que pregonaba Federación Agraria? El beneficio de unos en detrimentos de otros, sin considerar que las escalas productivas no son iguales en todo el país debido a la amplitud agroecológica y los diferentes costos logísticos por las distancias a puerto, donde el resultado general termina siendo el empobreciendo del conjunto y un aumento considerable de la burocracia, para que al final el dinero de las “compensaciones” se pierda en el camino producto de corrupciones varias?. Esta receta ya se probó con las compensaciones de la ONCCA. Y no funcionó.

Una vez más el gran perdedor es el sector agropecuario y el dinamismo que éste confiere a la vida económica de cada comunidad de las diferentes regiones productivas argentinas. Perdió el arraigo rural. Perdió la soberanía territorial.

La ley de “Emergencia Pública” pretende resolver problemas acumulados durante décadas con medidas de extrema inmediatez, lo que implica que no tiene en cuenta los problemas que comenzará a generar en el mediano plazo: caída del área de siembra de cereales –especialmente en las zonas más alejadas de las terminales portuarias–, el regreso del proceso de sojización y la aceleración del proceso de liquidación de vientres bovinos iniciado en 2019.

En lo que a la provincia de Santa Fe concierne, no sólo se debemos prestar atención al impacto de los nuevos derechos de exportación, sino también al impuesto a los Ingresos Brutos, del que históricamente el productor primario de la provincia estuvo protegido (la actividad agropecuaria hasta el 2017 venía exenta si el contribuyente era santafesino y gravada si no lo era).

Pero tras el fallo Bayer –que declaró inconstitucional la figura de “extraña jurisdicción” porque hacía trato discriminatorio según el domicilio fiscal del contribuyente– y luego el Consenso Fiscal, que fue en similar sentido a ese fallo, en la Ley Tributaria 2018 se instrumentó lo siguiente:

– Se eliminó del capítulo de exenciones del Código Fiscal a la actividad agropecuaria realizada por sujetos con domicilio fiscal en la provincia.

– Se incluyó a la actividad con una alícuota de Ingresos Brutos del 1,5% (que era el tope del Consenso Fiscal para 2018)

– Y se otorgó a los productores santafesinos estabilidad tributaria hasta el 31/12/2019, dado que a partir de 2020 el Consenso Fiscal ya eximía la actividad.

Luego, en la Ley Tributaria 2019, se bajó la alícuota al sector agropecuario al 0,75% porque era el tope del Consenso Fiscal previsto para este año. Mientras tanto, los productores santafesinos seguían exentos por estabilidad tributaria hasta el 31/12/2019

Sin embargo, ahora, por este nuevo acuerdo entre Nación y provincias, se procede a suspender la obligación de eximir en 2020 a la actividad agropecuaria. Y al mismo tiempo los productores santafesinos dejan de tener la estabilidad tributaria en escasos días.

Ante esa situación, que representaría un duro golpe a las empresas agropecuarias, entidades ruralistas santafesinas, a través de Carsfe, piden el cese de comercialización de granos y carne durante nada más ni nada menos que 20 días. Imaginen la situación: 20 días sin comercializar más un promedio de 30 días para cobrar la operación que se haga posterior al cese, suman un total de 50 días en los que los productores quedaríamos sin recibir ingresos. La mayor parte de los empresarios del agro santafesinos, en función de las circunstancias climáticas y macroeconómicas que vivimos los últimos años y en un escenario sin crédito bancario, no tenemos la capacidad de atender compromisos asumidos con una medida de tales características.

Una vez más –esta vez a nivel provincial– se evidencia la falta de conocimiento del sector de los que supuestamente nos representan en el ámbito público.

Virginia Buyatti Giovanovich. C.P.N. Empresaria ganadera del norte de Santa Fe

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