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El debate por el “orden público” hizo perder de vista lo más importante de la reforma: que los desarrolladores de semillas puedan cobrar lo que corresponde por su trabajo

Un aspecto insólito que empantana las negociaciones.
El debate por el “orden público” hizo perder de vista lo más importante de la reforma: que los desarrolladores de semillas puedan cobrar lo que corresponde por su trabajo

El año que viene es electoral. Y el 2020 luce demasiado incierto tanto en términos políticos como económicos. Por eso la reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) tiene que tratarse en el Congreso en las próximas semanas. Si se deja pasar esa oportunidad, luego habrá que esperar muchos años más para el tema vuelva a ingresar en la agenda legislativa.

El aspecto central de la reforma ya está resuelto y consensuado entre la mayor parte de los integrantes de la cadena de valor agrícola: terminar con el “uso propio” gratuito para que los desarrolladores de germoplasma y eventos biotecnológicos puedan cobrar lo que corresponde por su trabajo.

Asegurar el cobro de la tecnología es clave para que investigadores y técnicos del INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, empresas semilleras, multiplicadores, corporaciones agrobiotecnológicas y emprendimientos AgTech puedan recibir los recursos necesarias para generar desarrollos en germoplasma y eventos (que en los próximos años provendrán mayormente de innovaciones logradas por medio de edición génica).

Pero el debate quedó empantanado en una cuestión insólita: el concepto legal de “orden público”, el cual fue introducido en el primer anteproyecto oficial –diseñado por el ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile– para evitar en su momento que una empresa que ya no existe más como tal (Monsanto) pudiese implementar, en un marco de mercado de posición dominante, una “retención privada” asociada al cobro de un canon en función del rendimiento obtenido por los empresarios agrícolas.

En ninguna nación de base agropecuaria del mundo existe algo así –Argentina hubiese sido (o podría ser) leading case en ese sentido– y tampoco es una práctica usual en otros sectores económicos. Imaginen que el propietario de la patente de la cámara fotográfica que llevan los celulares cobrase un canon a los usuarios en función de la cantidad de fotos que tomen por mes. Suena ridículo, ¿no?

El “orden público” implica que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deben cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. En lugar de tirarle el fardo al productor, lo que se cobra o deja de cobrar, entonces, depende de negociaciones entabladas entre semilleros y desarrolladores de eventos.

El debate por el “orden público”, que no es otra cosa que validar la pretensión de implementar un esquema de “retención privada” en el cobro de patentes por medio de “acuerdos entre privados”, hace perder de vista el objetivo central buscado por la reforma: que el primer eslabón de la cadena de valor agrícola tenga los incentivos suficientes para desarrollar semillas que permitan estabilizar e incrementar rendimientos, algo necesario para generar más empleos, divisas y riqueza.

Argentina tiene, en las próximas semanas, una ventana de oportunidad para promover un cambio sustancial en ese sentido. Pero también tiene chances (una vez más) de arruinarla.

Ezequiel Tambornini

Foto. Panel sobre la reforma de la Ley de Semillas realizado esta semana en el Congreso 2018 de Aapresid (Córdoba)

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