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La Unión Europea inicia una nueva investigación contra el biodiesel argentino: entre las sospechas de subvención se incluyen “préstamos preferenciales del Banco Nación”

Insólita presentación de la Comisión Europea.
La Unión Europea inicia una nueva investigación contra el biodiesel argentino: entre las sospechas de subvención se incluyen “préstamos preferenciales del Banco Nación”

Las autoridades de la Unión Europea iniciarán una nueva investigación contra el biodiesel de origen argentino para intentar bloquear nuevamente el ingreso del mismo en algún momento del primer semestre de 2019.

La Comisión Europea (CE) informó hoy –por medio de un anuncio en el Diario Oficial de la UE– que iniciará un “procedimiento antisubvenciones” relativo a las importaciones de biodiesel argentino en función de la denuncia presentada en diciembre pasado por el Consejo Europeo de Biodiesel.

“La denuncia presenta indicios suficientes de que los productores del producto investigado de la Argentina se han benefi­ciado de varias subvenciones concedidas por el gobierno de ese país”, señala el anuncio de la CE.

El documento indica que las presuntas prácticas de subvención consisten en “el suministro por parte de los poderes públicos de bienes y servicios por una remuneración inferior a la adecuada, como el suministro de semillas de soja”. Este argumento –referido al diferencial del valor interno de la soja generado por la aplicación de derechos de exportación– fue refutado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la causa iniciada por la Argentina luego del primer bloqueo comercial instrumentado por la UE en 2013 (motivo por el cual, según lo dispuesto por la OMC, el biodiesel argentino pudo volver a ingresar a ese mercado a partir de septiembre del año pasado).

Por esa razón, en la nueva denuncia se añadieron más fundamentos, tales como “la compra por parte de los poderes públicos de bienes por una remuneración, ingresos o apoyo a los precios supe­riores a los adecuados, como la compra de biodiesel por encargo de los poderes públicos”. Este párrafo hace referencia al precio oficial del biodiesel fijado por el Estado argentino para las partidas del biocombustible destinadas al corte obligatorio del 10% con gasoil. El problema, en lo que respecta a ese argumento, es que casi la totalidad del cupo interno de biodiesel está en manos de Pymes regionales que no exportan una sola tonelada del producto.

Entre las supuestas irregularidades mencionadas también se indica “la transferencia directa de fondos, por ejemplo mediante la concesión de préstamos, y la financiación de exportacio­nes en condiciones preferenciales, como la concesión de préstamos preferenciales por parte del Banco de la Nación Argentina (sic)”.

Y por último también se metió en el combo “la condonación o no recaudación de ingresos públicos, tales como la amortización acelerada para los productores de biodiesel en virtud de la Ley (26.093) de 2006 sobre los biocombustibles, la exención o aplazamiento del impuesto a la ganancia mínima presunta para los productores de biodiesel en virtud de la Ley de 2006 sobre los biocombustibles, y varias exenciones tributarias provinciales”.

La denuncia del Consejo Europeo de Biodiesel alega que esas medidas “constituyen subvenciones porque conllevan una contribución financiera del gobierno de Argentina y otros gobiernos regionales (incluidos organismos públicos) y confieren ventajas a los productores exportadores del producto investigado”.

El Consejo Europeo de Biodiesel también afirma que “es probable que aumente significativamente el flujo de las importaciones subvencionadas debido a la reciente reducción de las medidas antidumping vigentes contra las importaciones en la UE del producto investigado y la reciente imposición de medidas compensatorias contra el producto investigado en EE.UU. Esto pone de manifiesto la probabilidad de una reorientación de las exportaciones a la Unión, lo que daría lugar a un incremento sustancial de las importaciones subvencionadas” (este es el verdadero motivo de la nueva movida proteccionista).

La CE entiende “que existen datos suficientes para justificar el inicio de un procedimiento”, motivo por el cual iniciará una investigación que “finalizará en el plazo de trece meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio”, luego de lo cual “determinará si el producto investigado originario del país afectado está siendo subvencionado y si las importaciones subvencionadas han causado, o amenazan con causar, un perjuicio a la industria de la Unión”.

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