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SanCor: promueven un Acuerdo Preventivo Extrajudicial con quitas a tamberos de 30% a 50% de los cheques adeudados

Proceso necesario para que Fonterra decida hacerse cargo de las operaciones de la cooperativa.
SanCor: promueven un Acuerdo Preventivo Extrajudicial con quitas a tamberos de 30% a 50% de los cheques adeudados

Las autoridades de SanCor avanzan con el plan para crear una nueva sociedad anónima que transferirá el 90% de su capital a la neocelandesa Fonterra, mientras que el 10% restante quedará en manos de la cooperativa argentina.

A la fecha la suma de cheques sin fondos librados por SanCor es de 1055,9 millones de pesos, de los cuales 247,6 millones fueron levantados con nuevos cheques de pago diferido. Los últimos cheques rechazados, según datos del Banco Central (BCRA), corresponden a tres documentos registrados el pasado 10 de enero por un total de 94.329 pesos.

En las últimas semanas SanCor comenzó a ofrecer una propuesta de pago a los acreedores quirografarios (aquellos que no tiene una garantía real), la mayor parte de los cuales son tamberos. La oferta también incluye a los acreedores privilegiados del incido 2 del artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras (correspondiente a deudas con organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social).

La oferta contempla el pago, para deudas comprobables anteriores al 1 de junio de 2017, de una suma de 150.000 pesos o de la cifra menor a la que ascendiere la deuda, mientras que el remanente, en caso de existir, se liquidará por el 40% del monto. Eso implica, para una deuda de 300.00 o 500.000 pesos, una quita nominal del 30% y 42% respectivamente, la cual asciende al 50% o más en caso de sumas adeudadas superiores a 900.000 pesos. La quita, en términos reales (considerando la inflación registrada en el período), será –por supuesto– mucho mayor.

El pago se realizará cuando, una vez homologado el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) instrumentado por SanCor (en el marco de los términos de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522), Fonterra haya realizado el pago de una suma comprometida para cancelar las deudas del remanente de la cooperativa.

El acuerdo con Fonterra también comprende una reducción de la cantidad de empleados –proceso que se encuentra en curso– y la readecuación de las condiciones laborales de los trabajadores que se integrarán a la nueva sociedad anónima, la cual ya está vigente luego de que SanCor renunciara como signataria del Convenio Colectivo de Trabajo 2/88 de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), tal como quedó explicitado en la reciente homologación del último acuerdo firmado con el gremio.

También se exigió a SanCor la venta del 50% del capital que mantenía en Arla Foods Ingredients (Afisa) al controlante de la otra mitad del capital, la compañía danesa Arla Foods, para recibir una suma superior a 600 millones de pesos.

El acuerdo también comprende la exigencia de que Fonterra “logre una asociación con los actuales accionistas de Alimentos Refrigerados S.A.”, en referencia al grupo Vicentín, que a mediados de 2016 compró a SanCor por 105,5 millones de dólares el 90% de la empresa (ARSA) dedicada a elaborar yogures, flanes y postres con las marcas Shimy, Sancorito, Yogs, Sublime, Flan Casero y Primeros Sabores. Este es uno de los aspectos más álgidos del proceso, dado que –tal como sucede con la operación que Fonterra tiene en Chile con Soprole– la línea de yogures y postres es la más rentable del negocio y el grupo Vicentín pretende por la misma una suma que los neocelandeses consideran excesiva. Vale recordar, además, que la comercialización de los productos de ARSA depende de la red de camiones gestionada por la cooperativa (que, en caso de resultar exitoso el proceso, pasarán a formar parte de la nueva sociedad).

No están incluidos en el acuerdo las unidades menos rentables gestionadas por la cooperativa, las cuales fueron desactivadas el año pasado. Se trata de las plantas industriales localizadas en Coronel Moldes y Brinkmann (Córdoba), Centeno (Santa Fe) y Coronel Charlone (Buenos Aires). La meta, en estos casos, es ceder –por una cuestión social– las unidades a operadores lácteos interesados en volver a ponerlas en producción.

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