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Olvido: la reglamentación del sistema de gestión de envases de agroquímicos lleva ocho meses de retraso

Complicaciones operativas en algunos establecimientos.
Olvido: la reglamentación del sistema de gestión de envases de agroquímicos lleva ocho meses de retraso

Los empresarios agrícolas están registrando problemas operativos graves porque la reglamentación del “Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios” lleva ocho meses de retraso.

La Ley Nº 27.279, vigente desde comienzos de octubre del año pasado, prohibió en todo el territorio nacional el abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios, así como la comercialización o entrega de los mismos.

La norma también dispuso que antes del 7 de diciembre de 2016 sería publicada la reglamentación necesaria para definir el funcionamiento operativo del nuevo sistema. Pero eso jamás ocurrió.

La Ley Nº 27.279 determina que “usuario y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el procedimiento de reducción de residuos” por medio del triple lavado (establecido en la norma IRAM 12.069) y entregar los envases en un “centro de almacenamiento transitorio”, para lo cual “podrán utilizar un transporte que no requiera de una habilitación específica”.

Pero al no estar reglamentado el procedimiento de entrega de envases vacíos ni el funcionamiento de los centros de almacenamiento, las empresas que no cuentan con un centro de acopio de envases cercano están acumulando auténticas montañas de envases vacíos de agroquímicos.

Se prevé además que la reglamentación aclare algunos aspectos controvertidos de la norma, tales como la obligación, por parte de los productores, de trasladar los envases a los centros de acopio autorizados (¿qué sucede si el más cercano queda a 300 kilómetros?) y las multas excesivas en caso de infracción (hasta 10.000 salarios básicos de la Administración Pública Nacional).

Otro aspecto que debe definirse operativamente es el que indica que los centros de almacenamiento transitorio serán responsabilidad de las empresas elaboradoras de fitosanitarios, mientras que los comercializadores de fitosanitarios deberán “colaborar” en la “administración y gestión” de dichos centros.

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