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Más de 1000 millones de dólares permanecen cautivos en el campo argentino por el “corralito triguero” instrumentado por el gobierno nacional

Medida insólita en un contexto de restricción de divisas.
Más de 1000 millones de dólares permanecen cautivos en el campo argentino por el “corralito triguero” instrumentado por el gobierno nacional

Más de 1000 millones de dólares, que podrían incrementar las reservas internaciones del Banco Central (BCRA), permanecen cautivos en el campo argentino por el “corralito triguero” implementado por el gobierno nacional.

En febrero de este año el ministro de Economía Axel Kicillof prometió liberar un cupo de exportación de trigo 2014/15 de 3,50 millones de toneladas. Sin embargo, hasta la fecha apenas oficializó ROE de trigo por 2,66 millones de toneladas (ver planilla).

Las propias autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Minagri) reconocen que el saldo exportable de trigo argentino 2014/15 es de 7,20 millones de toneladas con un stock remanente de 2,0 millones para el ciclo siguiente.

Es decir: si se considera el saldo exportable potencial restante con el valor FOB actual de referencia del trigo pan argentino (228 u$s/tonelada) son más de 1000 millones de dólares las divisas que no pueden ingresar al mercado local por el cepo exportador.

Un problema adicional del “corralito triguero” es el abarrotamiento de trigo de calidad media (con un peso hectolítrico inferior a 74 kg/hl), el cual, si bien no tiene demanda en el mercado interno, podría colocarse en algunos mercados africanos. Pero para que eso ocurra es necesario que el secretario de Comercio Interior Augusto Costa –dependiente de Kicillof– habilite la exportación del cereal.

Las principales perjudicados por el cierre del mercado de trigo son las comunidades del sudeste, sur y sudoeste bonaerense (donde se concentra la producción argentina de trigo), dado que, en la actual coyuntura, los molinos harineros de dichas zonas están adquiriendo a cuentagotas trigo de buena calidad a precios de remate. A pesar de eso, el problema no forma parte de la agenda de trabajo del gobernador bonaerense Daniel Scioli.

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