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Alerta en Entre Ríos: el gobierno de Uribarri quiere comenzar a aplicar una “retención provincial” de hasta el 6%

La iniciativa es promovida como la “ley de pooles”. Qué representa en realidad.
Alerta en Entre Ríos: el gobierno de Uribarri quiere comenzar a aplicar una “retención provincial” de hasta el 6%

Entre Ríos se transformó en la pista de pruebas de las metodologías K implementadas para exprimir a los empresarios agropecuarios.

El año 2012 comenzó con un incremento de Ingresos Brutos: la alícuota de todos los servicios “relacionados con las actividades primarias” pasó del 1,6% al 3,5%. Luego llegó el aumento del Inmobiliario Rural. Pero lo mejor aún estaba por venir.

Ahora el gobernador Sergio Uribarri envió a la Legislatura de Entre Ríos un proyecto que habilitaría la aplicación de una suerte de “retención provincial” de hasta el 6% del valor bruto de la producción agrícola.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado entrerriano a fines de mayo pasado (donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta), está siendo promovida en la Cámara de Diputados provincial para intentar darle un rápido tratamiento y aprobación final.

El proyecto en cuestión (que puede verse aquí) dispone que todos los “propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios o quienes exploten, por cuenta propia o de terceros, tierras cultivables en el territorio provincial”, deberán inscribirse en un “Registro Único de Productores Agrícolas de Entre Ríos” (Rupaer). Hasta aquí nada raro.

La cuestión es que el proyecto dispone que “por la utilización de tierras cultivables ubicadas en la provincia de Entre Ríos destinadas al cultivo de cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos se abonará un derecho de uso de tierras cultivables”.

Ese “derecho de uso” se determinará –según dice el proyecto– aplicando una “alícuota de hasta el 6% sobre el valor total de los granos obtenidos”, aunque se aclara que “la reglamentación podrá establecer alícuotas diferenciales según el tipo de cultivo y/o el grado de degradación del suelo en función de la ubicación de la parcela explotada, no pudiendo resultar en ningún caso inferior al 3%”.

¿Y cómo se determinará el valor total de los granos obtenidos? ¡Sorpresa! La iniciativa dice que se hará sobre “la base del precio FAS teórico oficial que por tonelada de cada cultivo publique la Dirección de Mercados dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación” (si algo faltaba para liquidar definitivamente a los cultivos de trigo y maíz, era algo así)

Los especialistas en marketing político de Uribarri vendieron esta norma como la “ley de los pooles” porque el proyecto señala que estarán exentos del pago del “derecho de uso de tierras” las personas o empresas que “se encuentren radicadas en Entre Ríos”; que “acrediten la compra o contratación de, como mínimo, el 80% de los insumos, servicios agrícolas y de transporte de granos a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos; y que “entreguen al menos el 80% de la producción de granos para su comercialización, acopio y/o acondicionamiento a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos”.

Supongamos que muchas empresas entrerrianas puedan llegar a cumplir con tales requisitos. Pero no son suficientes. Se necesita lograr algo más para obtener la exención: también será indispensable desarrollar “las prácticas de manejo y conservación del suelo definidas por la autoridad de aplicación (provincial) en la totalidad de las tierras cultivables sujetas a explotación, en los plazos y condiciones que la reglamentación establezca, pudiendo la misma diferenciar entre categorías de productores”.

Este último criterio, al tratarse de un concepto amorfo y subjetivo, podría dar vía libre al gobierno provincial para comenzar a aplicar una “retención provincial” adicional al derecho de exportación que ya cobra el gobierno nacional sobre la producción agrícola.

El oficialismo no cuenta con mayoría total en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Sin embargo, por las maravillas de la negociación, siempre aparecen algunos votos amigos de la oposición al momento de tener que aprobar alguna iniciativa que viene del Ejecutivo provincial.

En estos días dirigentes agropecuarios entrerrianos están conversando con diputados provinciales de diferentes fuerzas de la oposición para solicitarles que no avalen el proyecto promovido por Uribarri.

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