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Cuestión de Estado: se necesita una ley para que la gestión de los caminos rurales quede en manos de sus propios usuarios

Una solución práctica para un problema complejo.
Cuestión de Estado: se necesita una ley para que la gestión de los caminos rurales quede en manos de sus propios usuarios

Sin caminos rurales no existe posibilidad de comercializar la producción agropecuaria de la que depende la mayor parte de la generación genuina de divisas. Cierran tambos. Transportistas tienen menos trabajo. Los productores experimentan problemas financieros. Se generan distorsiones comerciales porque las industrias no reciben los insumos necesarios para poder operar con normalidad. La gente que vive en pequeños pueblos queda eventualmente aislada y debe ser socorrida.

Los caminos rurales, en una nación como la Argentina, deberían ser una cuestión de Estado. Pero no lo son. Aunque podrían llegar a serlo si los (carísimos) diputados y senadores despertaran de su siesta política, dejaran de pensar por un par de horas en las elecciones legislativas de octubre próximo e intentaran imaginar alguna manera de solucionar el problema.

En algunos partidos bonaerenses se creó un mecanismo institucional por medio del cual la mayor parte de los fondos recaudados en concepto de tasa vial se destinan –precisamente– a mantener y mejorar la red vial rural de los municipios.

Un ejemplo es la Cooperativa Vial de Tandil –vigente desde 1997– la cual está integrada por un grupo de productores agropecuarios que diseñan un plan vial que debe ser aprobado por las autoridades municipales. Otro caso es la Comisión Vial Rural de Benito Juárez, que, en este caso, es un organismo municipal gestionado por representantes de productores, transportistas, acopiadores y consignatarios de hacienda, entre otros. En el distrito de Coronel Suárez están a un paso de crear una comisión vial.

El éxito de tales iniciativas –más allá de cuál sea el modelo empleado– reside en el hecho de que los caminos rurales son gestionados por los usuarios de los mismos con recursos provenientes de sus propios bolsillos. Es importante remarcar ese dato porque en la provincia de Córdoba, si bien funcionan consocios camineros, los mismos experimentan serias dificultades operativas al depender de fondos girados por el gobierno provincial (en marzo pasado, ante el retraso de los pagos, las autoridades de la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba amenazaron con realizar “cortes de rutas” a modo de “protesta frente a la indiferencia manifestada por las autoridades provinciales”).

En la actual coyuntura se necesita una ley nacional que obligue a los municipios a crear instituciones –cooperativas o comisiones– para que los propios usuarios de los caminos rurales puedan destinar al menos el 70% de la recaudación total de la tasa vial al fin específico para el cual fue creada la misma (y no para financiar recitales ni actos políticos ni cualquier otro propósito).

Los intendentes y concejales con una dosis básica de sentido común entienden (o deberían entender) que algo así opera a favor de sus propios intereses, pues el hecho de tercerizar la gestión de los caminos rurales implica tener más tiempo para dedicar a los problemas presentes en las urbes (donde están la mayor parte de los votos).

Todas las semanas aparecen diferentes proyectos legislativos orientados a cuestiones relativas al sector agropecuario. Ninguno –ninguno– tendría un impacto tan grande como el de permitir la posibilidad de realizar una autogestión de la red caminera rural.

Ezequiel Tambornini

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